Ante la visita a Barcelona, dentro de unos días, del máximo responsable de la Iglesia católica, queremos hacer pública nuestra apuesta en defensa de la laicidad, un conjunto de valores que comprende la libertad de conciencia, la autonomía del individuo, la separación entre el Estado y las iglesias de cualquier signo, y la búsqueda de la justicia y del bien común de toda la ciudadanía. La laicidad es un marco de relación que permite a los seres humanos vivir en una sociedad más justa basada en el respeto y la convivencia pacífica, por lo que constituye uno de los principios fundamentales de todas las sociedades democráticas modernas.
Sin embargo, algunos de estos valores son aún una utopía en nuestro país porque en él perviven privilegios antidemocráticos que favorecen a unos más que a otros, que promueven algunas creencias determinadas por encima del interés general. Este hecho resulta especialmente preocupante si tenemos en cuenta que estas ideas, además de conformar el mundo particular de cada cual, participan de forma activa y decidida en el debate político para definir el modelo de sociedad que queremos para todos, de modo que este mismo debate se pervierte porque algunas organizaciones disponen de un poder considerable gracias a las ventajas ilegítimas que obtienen de su relación privilegiada con el Estado.
Muchas leyes de nuestro ordenamiento jurídico están pensadas para favorecer a la religión y las confesiones religiosas, pero hay una en particular, o para decirlo con más propiedad un conjunto de leyes, que están específicamente diseñadas para favorecer a la Iglesia católica. Los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1976 y 1979, el llamado Concordato, pactados en las postrimerías de un régimen franquista agonizante con el Estado Vaticano, absolutista y clerical, se hicieron exclusivamente para blindar los privilegios de la Iglesia católica y evitar que dificultase la transición política a la democracia.
Estos pactos de carácter internacional son ahora una rémora del pasado que hay que superar, porque aún hoy en día condicionan las libertades y la salud democrática de nuestro país, sirven entre otras cosas para justificar la financiación de creencias privadas, para promover el adoctrinamiento ideológico en los centros escolares, que deberían ser laicos, para encubrir a delincuentes acusados de pederastia y, en medio de una crisis salvaje que golpea a las familias de nuestros trabajadores y trabajadoras, para pagar gastos suntuosos como los que comportará la visita del jefe supremo de los católicos a nuestro país.
Estos privilegios deben acabar ya. Es hora de revertir esta situación antidemocrática y pedir con voz alta y firme el fin de esta injusticia. Por eso exigimos:
• Que las creencias religiosas dejen de ser financiadas con dinero público
• Que se suprima la asignación tributaria a la Iglesia católica a través del IRPF
• Que las escuelas dejen de ser utilizadas como plataformas de apostolado
• Que las religiones dejen de imponer sus prejuicios morales a toda la sociedad
• Que los clérigos pederastas y sus encubridores sean llevados ante la justicia
• Que los niñosy niñas sean protegidos de la superstición y la irracionalidad
• Que el Estado deje de promover la caridad a costa de la justicia social
• Que los actos y lugares públicos dejen de estar presididos por símbolos religiosos
• Que los representantes públicos dejen de favorecer a las confesiones religiosas
• Que se respete el derecho de todas las personas a vivir según su condición sexual
• Que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo
• Que la apostasía sea un derecho reconocido por la ley
¡Por la derogación de los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede!
¡Por la separación entre el Estado y la Iglesia!
¡Por un Estado laico!
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